La medida es imprescindible para revertir los efectos negativos en el mercado de las comunicaciones y conectividad. Estas decisiones han llevado a una disminución de las inversiones necesarias para generar progreso, crecimiento y empleo, fomentando un aumento del intervencionismo estatal desproporcionado en el sector. El Decreto 690/20 representa un ejemplo más de intervenciones injustificadas que distorsionan las reglas de juego, con un impacto negativo sobre las empresas prestadoras.

Esta decisión permite liberar el mercado y promover el desarrollo de servicios de calidad, garantizando la igualdad de trato para todos los usuarios.