Durante el evento, en el que participaron empresas tecnológicas y representantes de distintos organismos públicos, el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, dió inicio al Panel de Apertura del Conversatorio expresando que “es fundamental crear espacios interdisciplinarios para pensar, analizar y dialogar sobre estos temas, que principalmente afectan a la población más vulnerable”. Además, sostuvo que “instancias como estas son fundamentales para comprender los delitos vinculados con la tecnología y diseñar políticas públicas que tiendan a prevenirlos para mejorar la vida de las personas, porque de eso se trata la politica".

Acompañanado a Ambrosini en el panel de apertura estuvieron presentes Micaela Sánchez Málcolm, Secretaria de Innovación Pública de la Nación; Santiago Rodríguez, Director Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER); y Diego Leiva, Coordinador General de Asuntos Técnicos de ENACOM. Del acto participó también Ariel Martínez, Jefe de Gabinete de Ente.

Al respecto, Sánchez Málcolm celebró la existencia de un espacio como este y expresó que “desde el ámbito público estamos en constante vinculación, trabajo y articulación con empresas del mundo privado, con organizaciones, y obviamente con la ciudadanía en general para abordar estos temas.” Por su parte Rodriguez puso en valor el enfoque “integral” y “sistémico” que se le dio al conversatorio: “la problemática que estamos encarando claramente es sistémica, porque involucra a distintos poderes del Estado, a distintos organismos públicos, pero también a distintas áreas de la sociedad civil y sin dudas al sector privado”.

Por último, Leiva explicó que “en línea con la temática de este conversatorio desde el ENACOM hemos modificado al reglamento de usuarios, que incorpora la validación de identidad de los usuarios de telefonía móvil a través de la utilización de datos biométricos”.

El primer conversatorio sobre ciberseguridad organizado por ENACOM, con presencia de representantes de distintos organismos públicos así como también de WhatsApp en América Latina, Mercado Libre, Personal Telecom, Grupo Telefónica, Claro, Prisma, Red Link y Fortinet, se realiza en el marco de la constante y creciente evolución de la tecnología en la vida de las personas, volviéndose imprescindible para muchos de los procesos cotidianos. En este escenario, los dispositivos y los servicios de telecomunicaciones resultan fundamentales y atraviesan gran parte de los aspectos de la vida humana, incluyendo la educación, la economía, el ocio, entre otros.

Sin embargo, estos mismos cambios tienen como contrapartida el surgimiento de acciones delictivas que suelen avanzar y perfeccionarse a la par de las nuevas tecnologías. En este sentido, se vuelve indispensable crear un espacio interdisciplinario con representación de los distintos poderes del Estado, contando además con la participación del sector privado para analizar y debatir sobre cómo abordar estas problemáticas no solo evitándolas en el momento en que surgen sino también previniéndolas.

Los paneles realizados trataron los siguientes temas: Introducción a la temática y desafíos: Visión del Estado; La óptica de la justicia; Fuerzas de seguridad; y SIM Swapping, estafas digitales e ingeniería social.

Del encuentro participaron tambien Verónica Pagola, directora de Control y Fiscalización de Enacom; Diego Basanelli, especialista en ciberseguridad y antifraude de Enacom, y otros trabajadores de la dirección de Control y Fiscalización que llevan estos temas día a día. Asimismo estuvieron presentes representantes de la dirección de Planificación y Convergencia encabezados por su director, Guillermo Montenegro,  acompañados por trabajadores y trabajadoras de distintas direcciones del Ente, como Sistemas e Institucionales.

De esta forma, desde ENACOM se trabaja constantemente para impulsar no solo políticas públicas concretas que permitan mejorar los sistemas y funcionamientos de seguridad en el marco de las nuevas tecnologías, sino que también impulsa el desarrollo de espacios de debate para profundizar en las metodologías y procedimientos más adecuados para hacer frente a situaciones en las que puedan vulnerarse los derechos de ciudadanos y ciudadanas, protegiendo su integridad.