La Comisión invitó a especialistas para que desarrollen la importancia de esta iniciativa, surgida del Decreto N° 690/2020, firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en agosto del año pasado y convertido en Ley por el Congreso, en el marco de la crisis sanitaria producida por la pandemia de Covid-19. Expusieron el Dr. Gustavo López, vicepresidente de ENACOM, junto a especialistas en materia de comunicaciones y tecnologías, como fue el caso de: Bernadette Califano, investigadora del CONICET y doctora en Ciencias Sociales; Henoch Aguiar, abogado, ex secretario de Comunicaciones y ex vicepresidente de ARSAT; y Osvaldo Bassano, abogado y presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores.

El presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y senador por Chubut del Frente de Todos, Alfredo Luenzo destacó el acceso a Internet como el “ejercicio de un derecho básico que, a su vez, consagra a otros derechos, como el acceso a la educación, la salud y el trabajo; y esto ha quedado plenamente demostrado luego de la pandemia”. Señaló que ENACOM puso en marcha una serie de iniciativas para eliminar la brecha digital con planes de inversión en todo el territorio nacional mediante el Fondo de Servicio Universal. “Este es el rol del Estado como responsable de garantizar el acceso a las comunicaciones y a la información, algo que resulta vulnerado cuando hay personas que no tienen dicha posibilidad de acceso. En este sentido, el Decreto 690/20 tiene justamente este espíritu de progresividad. Es importante que avancemos entre todos en un diálogo de construcción”, manifestó el legislador.

Por su parte, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López, expresó que: “El Decreto 690/20 nunca pretendió ser un todo, sino el comienzo de una política para garantizar el acceso universal, política que había sido abandonada por el gobierno de Mauricio Macri. El 690/20 fija una política que puede ser complementada o enriquecida por muchas otras normas. Con la situación de crisis sanitaria y económica que vivió el país y el mundo a partir de la pandemia, fue necesario tomar una serie de medidas para asegurar el acceso universal a las TIC”. Y, además, agregó: “Sin embargo, hay un sector de la economía en la Argentina que cree que esto debe ser exclusivamente un bien de mercado y no un derecho humano básico. A partir del DNU 690 el Estado debe realizar acciones positivas para generar condiciones legales que garanticen el acceso universal a las tecnologías. Si desde las instituciones de la república se establecieron modalidades imprescindibles a través de la virtualidad para estudiar o trabajar, desde el Estado no podíamos dejar que el precio por ese acceso al estudio o al trabajo fuera exclusivamente un bien de mercado. Lo que hicimos fue generar nuevos derechos ciudadanos para universalizar el acceso a las TIC”.

Durante el encuentro, se mencionaron seis proyectos que buscan ampliarr la declaración de servicios públicos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), con el objetivo de reducir la brecha digital. Cuatro de las iniciativas presentadas son de senadores y senadoras del Frente de Todos y las otras dos pertenecen a funcionarios y funcionarias de Juntos por el Cambio.

Al respecto, ENACOM mantiene su compromiso para debatir y abrir el diálogo sobre la importancia que tiene el acceso a los servicios TIC para todos los ciudadanos y ciudadanas del país en igualdad de condiciones, garantizando las comunicaciones como derecho humano básico y universal.