Una serie de hechos críticos en varios puntos del país, esta vez ocurridos en las provincias de San Luis y Tucumán, tienen gran repercusión en la opinión pública y concitan tratamiento a través de los medios, en sus diversos formatos.

El CONACAI, conformado por organismos estatales nacionales, gobiernos provinciales, universidades, sindicatos y asociaciones civiles, observa que los contenidos puestos en circulación involucran frecuentemente aspectos personalísimos de la vida de niñas, niños y adolescentes que en ningún caso deben ser expuestos públicamente, aun tratándose de personas que perdieron la vida.

El relato en público sobre las circunstancias que atravesaron o atraviesan, de la forma en que fueron sometidas a violencia y otros delitos de los que son o fueron objeto, junto con la exposición de su imagen y de las personas cercanas a ellas, conforman una vulneración al derecho a la intimidad propia y de sus familias.

La identificación pública de las personas involucradas en estos hechos, independientemente de las acciones que se les atribuyen, también avasalla la preservación de la intimidad y dignidad de las víctimas.

Además del impacto en los derechos personales de las víctimas y sus familias y allegados, los relatos de hechos truculentos y aberrantes también pueden afectar a las audiencias y quedar accesibles incluso a niñas, niños y adolescentes, expuestos así al conocimiento de acciones perturbadoras y de impacto impredecible.