Por ENACOM estuvieron presentes el presidente, Claudio Ambrosini; el vicepresidente, Gustavo López; los directores María Florencia Pacheco, Gonzalo Quilodrán y Alejandro Gigena; el jefe de Gabinete, Ariel Martínez; el coordinador general de Asuntos Técnicos, Sergio D'Uva, y el director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios, Diego Leiva. También asistieron Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública, y Martín Olmos, subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

En representación del sector, participaron Walter Burzaco, presidente de la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC); Franco Cecchini, presidente de la Cámara Argentina de Comunicaciones Convergentes (CATIP); Marcelo Tulissi, presidente de la Cámara Argentina de Cableoperadores e Internet Pyme (CACPY), y Marcelo De Ambrosio, presidente de la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (CAPPI), Lucio Gamaleri y Jorge Di Blasio (Red Intercable), entre otros.

Los distintos representantes expresaron su “preocupación” por el Decreto, pero a la vez se mostraron abiertos a colaborar para lograr una reglamentación virtuosa. Por su parte, autoridades de ENACOM insistieron en que el articulado normativo dará previsibilidad a los usuarios en relación con los precios de los servicios, y tendrá en cuenta los costos del mantenimiento de las redes, las necesidades de inversión y la rentabilidad de las empresas.

A la hora de las exposiciones, Claudio Ambrosini, presidente de ENACOM, subrayó el compromiso de su gestión con la libertad de expresión y enfatizó que de ninguna manera el DNU regula contenidos. Además, exhortó a un trabajo colaborativo que integre la mirada de cooperativas, PyMES y grandes operadores en un diseño de regulación para todos: “Hay que trabajar sobre un esquema que considere el problema de los costos y que incluya la inversión necesaria y la rentabilidad sectorial”.

Por su parte, Gustavo López, vicepresidente del Ente, destacó la excepcionalidad de las medidas producto de la pandemia y consideró que la situación abre una oportunidad para un diálogo constructivo: “Lo que buscamos es una ecuación razonable para las empresas con precios previsibles para los usuarios”. Asimismo, señaló que “el Estado está realizando una fuerte inversión pública en el sector en infraestructura, conectividad para barrios populares y zonas desfavorables”.

Finalmente, Micaela Sánchez Malcolm, secretaria de Innovación Pública, enfatizó la vocación de diálogo y trabajo conjunto con el sector: “El DNU ya es ley. Ahora hay que redoblar los esfuerzos para acercar posiciones antes de fin de año. El Estado quiere fomentar la competencia y cuidar a las PyMES”.