Durante el encuentro, los conferencistas debatieron sobre el mercado de las telecomunicaciones en la Argentina, el rol del Estado para regular las asimetrías en el acceso a Internet y los horizontes que se abren con el Decreto 690/20, que determina el carácter de servicios públicos esenciales en competencia a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Durante su participación, Ariel Martínez expresó que “la pandemia hizo que el Estado nacional tenga que recuperar rápidamente su capacidad de articulador social”. En esta línea, Martínez destacó que “ENACOM asumió su rol como organismo de fomento con una fuerte inversión pública a través del Fondo del Servicio Universal, para garantizar conectividad tanto en barrios populares como en zonas alejadas de los centros urbanos”.

Por su parte, Martín Olmos sostuvo que “la comunicación es un derecho que garantiza la consecución de otros derechos, como son el acceso a la educación, la salud, la información y la libertad de expresión”. En este sentido, aseguró que el Decreto 690/20 “vuelve a poner la mirada en los usuarios como sujetos de derechos y obligaciones, y no solo como clientes o costos para las empresas”.

A su vez, Anabel Cisneros indicó que Argentina “es uno de los países más conectados de la región, pero con una fuerte desigualdad entre las provincias”. Para hacer frente a esta brecha, Cisneros recalcó que entre los planes de ARSAT se encuentra “la puesta en órbita de un satélite de segunda generación y la extensión de la Red Federal de Fibra Óptica”.

Asimismo, Emmanuel Jaffrot señaló que “hay que empujar a las empresas para que compitan en servicios, pero sobre una infraestructura común o compartida. Esa es una buena manera para que bajen los costos y se universalice el acceso a Internet, ya sea de banda ancha fija o móvil”.

Por último, Juan Pablo Gayá exhortó al Estado a modificar algunas regulaciones para que las organizaciones sociales puedan encarar proyectos de redes comunitarias sin límites poblacionales, e instó a los participantes a “retomar la agenda de las licencias de dominio público en la tecnología para que no se pierdan experiencias como la de Wayra, que era un software libre”.