En esta oportunidad, Florencia Pacheco, directora del Ente por el Poder Ejecutivo Nacional, y Pablo Urquiza, director nacional de Fomento y Desarrollo, se reunieron con asociaciones deportivas, civiles y de barrio, para acercar información y responder consultas.

Entre las y los representantes de las asociaciones, formaron parte de este encuentro Ana Rodríguez, de la Federación Argentina de Entidades Deportivas; Adriana Nofal, de la Fundación Misión Deportiva de Tucumán; Gustavo Naistat, de la Federación de Clubes e Instituciones Deportivas; Ricardo Mayor, del Observatorio Social y Económico de Clubes de Barrio y Afines, y Hugo Grassi, presidente de la Federación Entrerriana de Clubes.

Durante su presentación, Pacheco aseguró que es necesario abrir canales de comunicación con las asociaciones, “porque queremos tener un vínculo cercano y fluido con todos los actores sociales”. Además, expresó que ENACOM viene haciendo un gran esfuerzo para dar a conocer los alcances de la Resolución 1467/20, y que el compromiso de reducir la brecha digital no es declamativo: “Sabemos cuáles son las problemáticas que hay en el territorio con respecto al acceso a Internet y estamos trabajando día a día para que el servicio llegue a todos, sin importar la condición geográfica o económica de los usuarios”.

Por su parte, Urquiza detalló las condiciones de prestación del servicio y qué objetivo persigue la PBU: “La idea de la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo es salir al territorio a explicar de qué trata la Prestación Básica Universal, contar a qué beneficios pueden acceder las personas y cómo llegar a ellos, y de ese modo, reforzar la idea de que la conectividad debe dejar de ser un negocio y ser tratada, de una vez por todas, como un servicio básico y esencial”, señaló.

A partir del 1 de enero de 2021 comenzó a regir la Resolución 1467/20, mediante la cual el Gobierno nacional impulsó la PBU para los servicios de Internet, televisión por cable y telefonía móvil. A su vez, el Decreto 690/20 declara a los servicios TIC como públicos esenciales y en competencia, con el objetivo de garantizar el derecho humano de acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) por cualquiera de sus plataformas.