Al comienzo, López hizo referencia al impacto que tuvo la pandemia de COVID-19, y el consecuente aislamiento preventivo, en la necesidad a la conectividad y en el hecho de considerar a las telecomunicaciones como servicios públicos esenciales en competencia. Al respecto, detalló el alcance del Decreto 690/20 y de la Prestación Básica Universal (PBU).

“Hay que preservar el desarrollo de la industria y del negocio, pero ahí también interviene la política pública para establecer reglas democráticas claras que garanticen equidad en el acceso a las tecnologías, ya que, de lo contrario, corremos el riesgo de tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda”, explicó el vicepresidente de ENACOM.

En este sentido, agregó: “Hay una política pública decidida a generar las condiciones mínimas, indispensables y necesarias para que todos puedan acceder a los servicios en condiciones de igualdad y teniendo en cuenta su capacidad económica. Las regulaciones deben ser democráticas para fijar parámetros mínimos que declaran servicio público esencial, pero que los mantienen en condiciones de competencia. Lo que queremos es favorecer una regulación de manera equitativa”.

Asimismo, sostuvo que “la introducción del Estado sirve para generar que todas las personas tengan las mismas posibilidades de conexión. Hoy no acceder a conectividad implica falta de progreso social y económico. La comunicación hace a la democracia”.

Finalmente, el vicepresidente del Ente comentó algunas iniciativas del Organismo para garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), como es el caso de los subsidios para barrios populares inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) mediante los fondos del Servicio Universal, así como los programas de conectividad para instituciones públicas, parques industriales, corredores viales y zonas del país de difícil acceso.