Bajo el fuego discursivo de los últimos años y el fragor del 7D, a nadie le pasó inadvertida la batalla que la entonces presidenta Cristina Kirchner libraba contra los medios de comunicación y el periodismo independiente. Las consignas "lucha contra los monopolios", "pluralidad de voces" y "democratización de la palabra" se utilizaron para lograr los votos para sancionar una controvertida ley de medios audiovisuales que nació como fruto de un conflicto y que nunca alcanzó la legitimidad para ser aplicada en su totalidad.

Mientras se repetían estas consignas, dentro de la autoridad de aplicación nada indicaba un cambio. Para la democratización del espectro se necesita hacer lugar en las áreas de cobertura colapsadas, ordenar el uso de las frecuencias y las potencias de emisión, regularizar licencias y ejercer el control efectivo del espacio radioeléctrico.

Era de suponer que para cumplir con el objetivo de reservar el 33% para los medios comunitarios la ex Afsca debía realizar previamente un plan técnico de radiodifusión para "hacer lugar" a los nuevos emisores. No sólo no hubo plan técnico, sino que también las decisiones de Sabbatella privilegiaron el crecimiento de monopolios amigos, los "medios militantes", que, ofrendando la línea editorial al relato, lograron hacerse de licencias y beneficios en expedientes minados de irregularidades.

A través de la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), el presidente Macri tomó medidas realmente innovadoras, que apuntan a concluir con la persecución del disenso y con la utilización de los organismos públicos para aplicar las leyes en función de la distancia, o cercanía, de los medios al gobierno. Por otro lado, busca la optimización del espectro para prestar servicios de telecomunicaciones más eficientes, regularizar las licencias de los operadores de radiodifusión y dar espacio a nuevos medios comunitarios y privados.

Para generar competencia y favorecer el ingreso de nuevos jugadores hay que dar espacio, más ancho de banda y condiciones de seguridad jurídica que atraigan la inversión y permitan la expansión e innovación tecnológicas en beneficio de los ciudadanos.

Como primera medida, se sancionó la resolución 6396/16, para liberar la banda de 700 MHz. Durante 25 años, esta banda, generalmente utilizada en el mundo para la emisión de televisión abierta, se utilizó en la Argentina para dar televisión paga por suscripción por aire (UHF). Este sector, que abastece a zonas de baja densidad poblacional y sectores rurales, compartía este segmento del espectro con servicios de televisión por cable de la ciudad de Buenos Aires. Es otro buen ejemplo de colisión del eslogan kirchnerista con la realidad. Mientras declamaban la necesidad de espacio para los medios comunitarios y la diversidad de voces, licitaron esta banda para la telefonía celular aun estando ocupada.

Nos tocó la tarea de ordenar el caos, y para eso se acordó, en diálogo con todos los sectores, un plan de migración que fija un plazo de cuatro años a través de un sistema innovador, donde el costo de la migración lo asumiría el nuevo ocupante de la banda.

Así, los sistemas de TV paga codificada por aire pasan a una banda diferente, la de 12 gigahertz. Estos sistemas se potenciarán. Podrán brindar no sólo TV, sino también telefonía e Internet, conservando sus derechos adquiridos, ya que acceden al mismo ancho de banda. Otros servicios pasaran a la banda de 600 MHz, lo que posibilitará el despliegue de infraestructura y antenas de las compañías celulares a fin de mejorar la prestación de la telefonía móvil y optimizar el servicio 4G.

Por otra parte, en sólo seis meses, Enacom otorgó 231 licencias y habilitaciones a radiodifusores, entre ellos a radios de baja potencia y medios de pueblos originarios. Además, se ha dispuesto la realización de planes técnicos regionales que permitan reconstruir el rompecabezas de la ocupación del espectro, a fin de completar el diagnóstico antes de la redacción de la nueva ley de comunicaciones, que busca un verdadero impulso para la industria audiovisual, las telecomunicaciones y el universo digital.

Estas medidas que está tomando el Enacom muestran un cambio de paradigma. La comunicación social debe incluir todas las voces y el Estado debe regular la utilización de los recursos a fin de lograr condiciones igualitarias para la prestación de los servicios, fomentar la competencia, bajar las tarifas y garantizar la libertad de expresión a todos los ciudadanos.