Luis Lazzaro, director de Relaciones Institucionales de ENACOM, estuvo presente en el evento y disertó en representación del Organismo, junto con Betiana Moggia, Virginia Linares, Ana Müller, Alfredo Moreno y Sergio Salinas Porto.

Los panelistas reflexionaron sobre las divergencias y convergencias de las políticas de comunicación en América Latina y resaltaron la decisión del país de avanzar en un esquema regulado de precios, que tienda a garantizar el derecho al acceso a Internet a un valor justo y con un piso de calidad en la prestación del servicio.

En ese marco, Luis Lazzaro destacó la necesidad de contar con un Estado presente que acompañe a la sociedad civil y a las organizaciones sindicales en el acceso a la conectividad como derecho humano básico. Asimismo, resaltó la inversión realizada por ENACOM en 2020 para desplegar nuevos programas de conectividad a través del Fondo Fiduciario del Servicio Universal con destino a barrios populares, villas y zonas rurales desfavorables, al desarrollo de redes móviles en rutas y a la inclusión educativa. En este sentido, señaló que se destinaron unos 9.900 millones de pesos en nuevos programas, que reafirman el compromiso de presencia de políticas públicas. Finalmente, subrayó la decisión del presidente Alberto Fernández de avanzar con el Decreto 690/20 y enfatizó “la necesidad de una alianza entre la sociedad civil y el Estado para que las corporaciones del sector cumplan con las obligaciones de ofrecer la Prestación Básica Universal y las tarifas autorizadas por la autoridad regulatoria”.

Por su parte, Betiana Moggia, representante del colectivo Internet Esencial, expresó que Internet no es un privilegio, sino un derecho, y celebró que el Gobierno nacional haya decretado a las comunicaciones como un servicio público.

A su turno, Sergio Salinas Porto, presidente de Internauta y de FLUI, sostuvo: “En el marco del Foro Social Mundial se creó el Foro Internet Esencial, que permitió elevar propuestas al Poder Ejecutivo Nacional sobre la necesidad de asegurar el servicio de Internet y achicar la brecha digital. Muchas de esas medidas se vieron reflejadas en el Decreto 690”.

Virginia Linares, representante del colectivo Internet Esencial, expuso la necesidad de que Argentina desarrolle un software educativo de licencia abierta y manifestó: “Argentina debe retomar el Programa Conectar Igualdad, para que en los hogares más vulnerables haya dispositivos de conectividad, porque de nada sirve que haya Internet si no tenemos una computadora, tablet o celular para conectarnos”.

Ana Müller, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Salta, indicó: “La pandemia puso en evidencia algo que ya sabíamos: que sin conectividad no hay igualdad en la educación”. Y agregó: “En 2020 hubo dos ciudadanías educativas, las que aprendieron por WhatsApp y las que aprendieron por videollamada”.

Por último, Alfredo Moreno, ingeniero en TIC en ARSAT y profesor TIC en la Universidad Nacional de Moreno, apuntó: “La realidad del teletrabajo debe ser regulada por el Estado o corremos el riesgo de que se debilite la organización sindical. La digitalización del mundo del trabajo es un modelo de ajuste. Los desarrolladores son los torneros del siglo XXI y, como tales, tienen que tener conciencia de que si se dejan de escribir códigos, se para la empresa. Esa es su herramienta de lucha”.

El Foro Social Mundial constituye un espacio abierto de encuentro que reúne a organizaciones sociales de todo el planeta que luchan por una globalización diferente a la que propone el neoliberalismo. Su primera edición se realizó en 2001 y lleva 20 años ininterrumpidos de reuniones. Con su trabajo ha logrado incidir en la agenda de múltiples gobiernos y empresas.