El documento oficial expone los principales aspectos abordados durante la audiencia convocada por la CIDH para tratar el derecho a la libertad de expresión y las modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, realizada el pasado jueves en el Estado de Washington D.C., Estados Unidos.

En primer lugar, argumenta la legitimidad de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional en la creación del Ministerio de Comunicaciones y del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), como organismo que unifica el control de los servicios de comunicación audiovisual, telecomunicaciones y tecnologías de la información y la digitalización. A su vez, especifica las garantías de competencia y diversidad en el nuevo marco normativo de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual a través del DNU 267/15. Y, finalmente, asegura el ejercicio pleno del derecho a la comunicación y la libertad de expresión mediante las políticas implementadas.

A raíz de la aparición de nuevas tecnologías, redes de telecomunicaciones y actores en el mercado, algunas disposiciones de las normas precedentes (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital) y su reglamentación se volvieron obsoletas. Esto dio lugar a la necesidad de actualizar los marcos normativos, aun cuando en su origen resultaran adecuados, ya que atentan contra el crecimiento de la industria y desalientan la realización de nuevas inversiones, con impacto significativo en términos de seguridad jurídica. De ahí la necesidad de adoptar medidas que permitan adecuar los marcos regulatorios a los avances tecnológicos, tal como lo establece el Decreto 236/2015.

En este sentido, los países de la región vienen impulsando modificaciones en las regulaciones diseñadas en épocas donde cada tecnología era utilizada para un servicio definido. La convergencia tecnológica es una realidad en el mundo de hoy que beneficia a usuarios y a consumidores, dándoles la posibilidad de acceder a una mayor cantidad y diversidad de prestaciones a menores precios.

Por eso resulta imprescindible la existencia de un único ente de control que garantice el bienestar y la equidad de acceso a toda la población a servicios de calidad que permitan acortar la brecha digital. De esta forma, se genera un sistema eficaz que defiende la competencia y protege tanto el derecho a la libertad de expresión como el acceso a la información, objetivos centrales de Enacom y de la futura ley de Comunicaciones.

Participaron de la exposición ante la CIDH en representación del Estado nacional, Miguel De Godoy, presidente de Enacom, y Silvana Giudici, directora de Enacom y coordinadora de la Comisión para la redacción del anteproyecto de la nueva Ley de Comunicaciones, entre otros representantes del ámbito de los derechos humanos y especialistas en la materia.

Descargar presentación del Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.