Por parte de ENACOM estuvieron presentes en el encuentro la subdirectora de Medios Comunitarios y Pluralidad de Voces, María Sucarrat, junto con Luis Zarranz, Roxana Busaniche, Andrea Guglielminetti y Brenda Daney, integrantes de dicha área. En tanto desde AMARC, participaron representantes de diversas emisoras comunitarias de todo el país que integran esta red, entre otras, El Grito y Las Chacras, de Córdoba; La Azotea, de Mar del Plata; Radio Sur y La Tribu, de la Ciudad de Buenos Aires; Activa, de Santa Fe, y Tierra Campesina, de Mendoza.

Durante la reunión, se informó el estado de situación de las últimas convocatorias de FOMECA (Línea 2020, Contenidos, Formación, y Línea Spot) y las proyectadas para el corto y mediano plazo. Además, se compartieron miradas y reflexiones sobre el FOMECA como política de Estado para el fomento del sector comunitario. En ese sentido, desde AMARC se planteó el apoyo a la gestión y se realizaron distintas consideraciones sobre los concursos, especialmente vinculadas a temáticas de contenidos.

En otro tramo del encuentro, se conversó sobre la situación de las entidades que aún no firmaron convenio de la Línea M, cuya ejecución comenzó el año pasado. Así, se propuso continuar trabajando de manera articulada para posibilitar una definición positiva en el corto plazo.

Además, se coincidió en la importancia de articular una mesa de trabajo con reuniones periódicas para abordar aspectos relacionados con esta política. En ese ámbito, asimismo, se llevarán adelante reuniones con la Subdirección de Rendiciones, que también forma parte de la Dirección de Fomento y Desarrollo.

Por último, cuando la situación de emergencia sanitaria lo permita, representantes de ENACOM se comprometieron a visitar las emisoras que forman parte de AMARC.

AMARC es una red integrada por casi 30 radios comunitarias en diversos puntos del país que trabaja activamente por el derecho a la comunicación. La coordinación con este tipo de entidades nos permite entender cuáles son las necesidades del sector y planificar asertivamente las políticas públicas que se necesitan para que el Estado pueda garantizar el derecho a la comunicación y la libertad de expresión.